El pasado 18 de julio de 2025, un operativo encabezado por la Guardia Nacional y autoridades del gobierno de la Ciudad de México desalojó el predio ubicado frente a la Cámara de Diputados en San Lázaro, donde por más de 55 años operaron el Seminario Teológico Anna Sanders y la iglesia “Jesucristo Luz a las Naciones”, ambos pertenecientes a la denominación evangélica Asambleas de Dios de México.
El terreno, de más de 10 mil metros cuadrados, fue asegurado por la Fiscalía General de la República, que colocó sellos en las instalaciones. La acción, sorpresiva y sin una resolución judicial definitiva, ha causado preocupación entre pastores, líderes evangélicos y defensores de la libertad religiosa.
Lo que sabemos
El predio en cuestión es propiedad federal y, de acuerdo con las leyes mexicanas, no puede ser vendido ni adquirido por una asociación religiosa. Sin embargo, la ley permite que dichas asociaciones obtengan un Certificado de Derecho de Uso, expedido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). No hay constancia pública de que las Asambleas de Dios contaran con dicho certificado.
Durante más de cinco décadas, el terreno fue usado de forma pública, pacífica y continua por la denominación para actividades educativas, religiosas y administrativas. El seminario formó a generaciones de pastores y líderes que hoy sirven en iglesias de todo el país.
¿Por qué se justifica legalmente el desalojo?
Desde la perspectiva del gobierno, la ocupación del terreno no estaba legalmente regularizada. El inmueble albergaría vestigios históricos del antiguo hospital colonial de San Lázaro, lo que, según las autoridades, amerita su protección como patrimonio nacional. Al tratarse de propiedad de la Nación, el Estado tiene la facultad de recuperarlo si no existe autorización formal para su uso.
En términos estrictamente legales, no se trata de una expropiación, ya que las Asambleas de Dios no eran propietarias. El acto se interpreta como una “recuperación de posesión” por parte del Estado. Pero incluso en ese contexto, se exige legalmente que el procedimiento sea claro, notificado y con respeto al debido proceso.
Lo que no se puede ignorar
El fondo del asunto no sólo es jurídico, sino profundamente humano y espiritual. Las Asambleas de Dios no invadieron un terreno, no lo usaron para enriquecimiento personal, no traficaron con lo que no les pertenecía. Ocuparon el predio con conocimiento público, con vocación de servicio, con un impacto positivo para miles de vidas. Fundaron allí un seminario, predicaron el Evangelio, edificaron comunidad.
Por eso, aunque no se tenga el título de propiedad ni el certificado de uso, el Estado no puede actuar como si se tratara de cualquier caso de ocupación irregular o de despojo al patrimonio. Hay que distinguir entre la ilegalidad dolosa y la irregularidad histórica con finalidad de bien común.
La forma en que se ejecutó el desalojo —con presencia militar, sin resolución definitiva de un juez, y sin ofrecer canales de diálogo— envía un mensaje equivocado a las comunidades religiosas: que el peso del aparato del Estado puede imponerse sin proceso, sin negociación, sin sensibilidad.
El poder no basta, hace falta justicia
El Estado tiene la obligación de proteger el patrimonio histórico y el pueblo de México tiene derecho a recuperar lo que es suyo si fue mal adjudicado. Pero también es pueblo de México la comunidad que por 55 años sostuvo ese seminario. También es patrimonio del país la fe, el testimonio, la obra de quienes edificaron en ese lugar.
La legalidad sin justicia se convierte en frialdad burocrática. No podemos hablar de autoritarismo pero sí de insensibilidad. Lo que pudo resolverse con un acuerdo, con una regularización, con una compensación y un reconocimiento mutuo, hoy se ve envuelto en una controversia que lastima el tejido espiritual de muchas iglesias.
Las Asambleas de Dios tienen derecho a defenderse por la vía legal y, si corresponde, a reclamar daños o buscar alternativas. Pero también todas las iglesias, cristianas y no cristianas, debemos aprender la lección: es urgente regularizar nuestras propiedades, actualizar nuestros registros y prepararnos jurídicamente para proteger nuestros espacios de fe.
Y al Estado, le corresponde actuar con legalidad, sí, pero también con justicia y proporcionalidad.
Una palabra final
Como cristianos, no nos corresponde alentar el enfrentamiento, pero tampoco debemos callar ante lo que no es justo. Quizá el predio, por su riqueza cultural e histórica debe ser controlado y administrado por una entidad federal, pero el método de despojo debió ser más civilizado.
Asambleas de Dios es una organización religiosa de evangelización, no es una organización delincuente.
El Evangelio nos llama a ser pacificadores, pero también testigos de la verdad. Este caso nos recuerda que la fe no está garantizada por templos ni terrenos, pero tampoco debe ser humillada por la fuerza del poder.
Oramos por reconciliación, por sabiduría y por una resolución justa. Porque si bien los muros del seminario han sido desalojados, la Palabra que allí se enseñó no será derribada.
