La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) culminó este 11 de marzo sus audiencias públicas sobre el “Caso Manuela”, y podría emitir una sentencia en los próximos meses. ¿Qué fallo se podría esperar de jueces con un marcado sesgo pro aborto?
“Manuela”, sobrenombre con el que las plataformas abortistas se refieren a María Edis Hernández de Castro, fue condenada en 2008 a 30 años de prisión por el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, en El Salvador.
De acuerdo a la corte salvadoreña, se comprobó que la mujer cometió el delito “de homicidio agravado, en perjuicio de su hijo recién nacido”.
Para los jueces, “Manuela”, que murió luego en la cárcel debido a un cáncer, “sabía de su embarazo y que el mismo era producto de una infidelidad”, y “optó por un comportamiento contrario a la naturaleza misma y a las exigencias del ordenamiento jurídico”.
A pesar de las pruebas y de la sentencia condenatoria, para el Centro de Derechos Reproductivos (Center for Reproductives Rights) “la hostilidad de El Salvador hacia el aborto llevó al injusto encarcelamiento de Manuela y eventualmente, le costó la vida”.
El Centro de Derechos Reproductivos es un organismo internacional con sede en Nueva York (Estados Unidos), que busca la legalización del aborto en El Salvador. Para el Centro de Derechos Reproductivos, la muerte del bebé de “Manuela” -por asfixia al respirar heces y sangrar por el ombligo- se debió a “una complicación obstétrica”.
El bebé de Manuela es conocido por los defensores de la vida como Dolores Gabriel. El aborto en El Salvador está completamente prohibido, y la Constitución vigente reconoce “como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”.
En su artículo 4.1., la Convención Americana reconoce que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
El Centro de Derechos Reproductivos llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para llegar luego a la Corte Interamericana.
Un “tuitazo” convocado por organizaciones provida en El Salvador llevó a que #FueInfanticidio encabezara las tendencias de Twitter en ese país.
En diálogo con la agencia de noticias ACI Prensa, Alfonso Aguilar, presidente del Grupo Internacional de Derechos Humanos, que se sumó al caso a través de un amicus curie (amigo de la corte), dijo que “nos preocupa que se utilice un caso de infanticidio para tratar de llevar a cabo reformas que en esencia, de facto, legalicen el aborto”.
Aguilar señaló que “en toda la campaña pública de los grupos pro aborto en El Salvador” se ha tratado “de crear la impresión de que las personas que terminan en prisión por infanticidio no cometieron infanticidio sino que se practicaron un aborto”.
“La realidad en El Salvador es que ninguna mujer que aborta termina en prisión. Sí es procesada criminalmente, eso es verdad, pero usualmente lo que se le da es una sentencia alterna, servicio comunitario”, señaló.
“Básicamente bajo ese truco es que han llegado ahora a la Corte Interamericana: presentan un caso de infanticidio tratando de presentarlo como un aborto, y eso no es cierto”, añadió. “Han falsificado los hechos”.
Ligia De Jesús Castaldi, maestra de Leyes por la Universidad de Harvard de Estados Unidos, explicó que las audiencias de la Corte Interamericana sirvieron “para dar a las partes la oportunidad de presentar peritos, testigos y pruebas”.
Castaldi es también coautora del artículo “El caso ‘Manuela’ y ‘las 17+’ contra El Salvador: un fraude ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la comunidad internacional”.
La jurista criticó que en el caso Manuela «la Presidenta de la Corte no permitió al Estado (de El Salvador) presentar un solo perito ni testigo, dejándolo en estado de indefensión, solo se permitió presentar testigos y peritos a la parte pro aborto”.
“Los siguientes pasos serían la presentación de argumentos escritos finales y la sentencia, que podría ser emitida en el próximo periodo de sesiones de la Corte”, señaló.
El próximo período ordinario de sesiones se realizará del 19 de abril al 13 de mayo de 2021.
Para Castaldi “han falsificado los hechos del caso para hacerlo pasar por un aborto espontáneo o emergencia obstétrica”.
“El público en general no apoyaría la impunidad por el infanticidio ni el aborto en El Salvador”, subrayó.
“El Salvador es un país provida que protege la vida desde la concepción, y los grupos pro aborto no han logrado la despenalización del aborto a través de la Asamblea Legislativa, por ello buscan ahora lograrla a través de una sentencia de la Corte Interamericana”, indicó.
Sara Larín, fundadora de VIDA SV y coautora con Castaldi del artículo sobre el Caso Manuela, destacó que en estas audiencias el movimiento provida en América Latina abogó «por visibilizar la vida de un recién nacido al que se le quitaron todas sus garantías”.
Larín celebró también que el movimiento provida en América Latina “haya logrado darse cuenta de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace activismo judicial a favor de las agendas políticas de ciertas ONG». Además, denunció, a la Corte «no le importa realmente trabajar apegados al derecho, a la justicia, a la ética”.
¿Quiénes son los jueces de la Corte IDH?
La Corte Interamericana está integrada por siete jueces, con un marcado sesgo a favor de la legalización del aborto. Entre ellos destacan Humberto Antonio Sierra Porto, Elizabeth Odio Benito y Eugenio Raúl Zaffaroni.
Cuando era uno de los magistrados de la Corte Constitucional de Colombia, Humberto Antonio Sierra Porto fue uno de los jueces que abrió las puertas a la despenalización del aborto en ese país.
Elizabeth Odio Benito, actual presidenta de la Corte IDH, ha defendido que “la decisión de interrumpir un embarazo es una libertad de escoger que debe garantizársele a una mujer en determinadas circunstancias”.
Cuando fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni se mostró favorable a despenalizar el aborto al menos hasta el tercer mes de gestación.
La única excepción entre los magistrados es el chileno Eduardo Vio Grossi, que ha defendido que la concepción, en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, debe ser entendida «como la fecundación del óvulo por el espermatozoide”.
¿Cómo afectaría a El Salvador un fallo a favor del aborto?
Para Alfonso Aguilar, lo que “debemos esperar” de la sentencia de la Corte Interamericana “es un ataque al derecho a la vida consagrado en la Convención Americana y también un ataque a los derechos humanos”.
Sin embargo, subrayó, “hay que aprovechar este caso para recordar a las autoridades de El Salvador y en toda la región que, de acuerdo a la Convención Americana, una opinión de la Corte no es automáticamente ejecutable”.
“Aun si ellos dicen que tienen que legalizar el aborto, poner una reforma para legalizar el aborto, la única manera de ejecutarlo es a través de legislación”, remarcó. “O sea que requiere acción legislativa en El Salvador. Si los legisladores salvadoreños deciden no hacerlo, ahí quedó la sentencia”, añadió.
Aguilar recordó que “lo único que es automáticamente ejecutable es, por ejemplo, la compensación monetaria. Y se ha pedido como medio millón de dólares para la familia de esta mujer”. “Aunque la sentencia sea a favor del aborto, para establecer esta reforma, para legalizar el aborto, se requeriría acción legislativa», reiteró. «Y ahí es que los legisladores tienen su derecho soberano”, señaló.
Fuente: Agencia AciPrensa.
