Abortistas buscan convertir un infanticidio en una “injusticia judicial” para avalar el aborto en América Latina

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Grupos provida de toda América Latina realizan este 10 y 11 de marzo manifestaciones virtuales exigiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no ceda a las presiones de los promotores del aborto en la República de El Salvador.

Promotores del aborto están utilizando un caso que ocurrió en El Salvador hace diez años en que una mujer a quien llaman Manuela (seudónimo de María Edis Hernández), cometió un infanticidio contra su hijo recién nacido. Ella fue a prisión y falleció dos años después por cáncer, y los abortistas pretenden atribuir su muerte a un supuesto aborto. 

“El bebé nació por medio de un proceso de parto completamente normal. El niño nació completamente formado, con 40 semanas de gestación, respiró y vivió durante 15 minutos y agonizó dentro de una fosa séptica a donde fue lanzado tras el arrancamiento brutal de su cordón umbilical por parte de ‘Manuela’, que quería deshacerse del bebé porque había sido fruto de una relación extramarital”, dijo Sara Larín, fundadora de la fundación provida salvadoreña VIDA SV.

La líder provida salvadoreña recordó que “Manuela dio muchas versiones distintas a los médicos, a los policías y a los jueces durante la audiencia en que se le condenó por homicidio agravado”.

“Este caso es muy particular, porque Manuela tenía un linfoma Hodgkin (un tipo de cáncer) y muere a los dos años de estar cumpliendo su condena en la cárcel. Las feministas alegan que el Estado salvadoreño violentó el derecho a la salud para Manuela por haberla dejado morir en la cárcel de forma injusta por una supuesta complicación obstétrica que ella tuvo a causa de su cáncer”, explicó Sara Larín.

Este argumento de los promotores del aborto, dijo, “es completamente falso, en juicio y en la sentencia original se da a conocer que realmente ella sí tuvo intencionalidad por querer matar a su bebé. Había evidencia forense, testimonio de médicos, de los policías, de los rescatistas, de su propio padre y el abuelo del bebé, que denunció a su hija.

Larín advirtió que el Caso Manuela “tiene particular relevancia a nivel regional, porque su sentencia va a afectar a todos los países miembros del Pacto de San José”, como también se conoce a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“No va a ser una simple opinión consultiva, como las que suele dar la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló, sino que podría ser “una sentencia condenatoria contra un país, y por lo tanto todos los jueces a nivel internacional, en cada país, van a poder usar la sentencia de El Salvador para interpretar que la mujer tiene un supuesto derecho al aborto”.

Otra de las preocupaciones de los provida, indicó, es que con una sentencia a favor del aborto en El Salvador se obligaría a “establecer una lista de requisitos para saber si el médico debe actuar en el momento de ver que una mujer llega con indicios de haber estado embarazada y el niño no está. 

El médico va a estar obligado a no reportar nada a las autoridades, y muy posiblemente se estén violando los derechos humanos de otros bebés, porque esos bebés van a ser abandonados, van a estar sufriendo, agonizando en el lugar donde se ha tenido el parto y los médicos van a tener prohibido reportarlo y por lo tanto nadie los va a poder rescatar”.

Con un fallo de la Corte Interamericana a favor del aborto, añadió, “se va a dejar en la impunidad los delitos contra los no nacidos y contra los recién nacidos”.

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